En Salvador Escalante, los ciudadanos hemos sido testigos de una operación de estado al más puro estilo de las prácticas priistas de antaño, tendientes a imponer a Araceli Saucedo Reyes como presidenta municipal haciendo uso de recursos públicos, amenazas e intimidación a fin de favorecerle; aún cuando su deteriorada imagen le ha impedido conquistar la simpatía de la mayoría de los escalantenses durante la campaña.
Con recursos de la Fiscalía General del Estado, construyó su imágen pública concentrando las economías destinadas al programa denominado “De Mujer a Mujer” en una operación de carácter proselitista orquestada en el municipio por sus representantes.
Durante los días previos a la campaña y al inicio de la misma, la candidata del PRI se hacia acompañar de elementos armados que la escoltaban en camionetas blindadas, en ambos casos, presumiblemente pertenecientes a la Fiscalía General del Estado; sin que sea atribución de estos el resguardo y cuidado de los candidatos.
De manera reciente, diversos funcionarios de casilla designados por el órgano electoral han sido amedrentados para que renuncien a esa encomienda y para favorecer que se designen integrantes de las mesas directivas de casilla a personajes afines a la candidata mencionada. Creemos que detrás de las intimidaciones, podrían encontrarse también algunos elementos de Fiscalía General. Algunos de los ciudadanos amenazados, ya han presentado sus denuncias ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales y han decidido no revelar sus nombres por temor a represalias, sin embargo, hacemos responsable de cualquier suceso que atente contra su integridad física, al Fiscal General y a la candidata del PRI.
Las intimidaciones del personal de la fiscalía también ha tenido como modus operandi el inventar carpetas de investigación en contra de ciudadanos que simpatizan con el movimiento para después citarlos a declarar y ya ahí, inhibir su participación en el proceso.
Sabemos del nivel de compromiso político que tiene el gobernador Aureoles y el Fiscal General con la candidata del PRI. Ella aprobó el gasolinazo en 2016 con el que Aureoles Conejo reafirmó su pacto con Peña Nieto y también Araceli Saucedo, votó en favor del criminal endeudamiento que recientemente adquirió el gobierno de Aureoles Conejo. Sin embargo, de esos pactos, los escalantenses no tenemos porqué pagar los platos rotos con la imposición de una presidenta ilegitima por la vía del uso de la fuerza y del desvío de recursos.
En días próximos, y al márgen del resultado del proceso, un grupo de escalantenses nos manifestaremos en el Congreso del Estado con todas las denuncias presentadas ante la FEDE y las evidencias de la burda intervención del fiscal, a fin de exigir su destitución, ya que se ha dedicado a ser el coordinador de la campaña de la candidata del PRI, descuidando su encomienda.
El derroche de recursos sigue siendo una constante en favor de Araceli Saucedo y sabemos que son recursos públicos que tanto Aureoles Conejo como el Fiscal General siguen desviando de otros fines.
Señor Fiscal General, Gobernador Aureoles, saquen sus manos en la elección de Salvador Escalante.
