-Por unanimidad se aprobó esta reforma a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán
En el marco del Día del Estudiante, el Congreso local de Michoacán pone un alto al bullying en las escuelas, gracias a la aprobación unánime de la iniciativa presentada por la diputada Patzcuarense Samanta Flores Adame, la cual reforma la Ley para la Atención de la Violencia Escolar.
“Hoy protegemos el presente y el futuro del tesoro más grande de cualquier sociedad, que es nuestra niñez. Queremos que nuestras niñas y niños crezcan sanos, felices y seguros. Los profesores deben ser capacitados en la detección y atención de la violencia escolar”.
La legisladora patzcuarense presentó esta reforma desde el 14 de julio de 2022, por lo que su aprobación permitirá garantizar un desarrollo integral y seguro para las niñas y niños michoacanos, dentro de los espacios educativos.
Al respecto, la legisladora priista recordó que las escuelas son lugares para que las niñas y niños estudien y se desarrollen de manera plena, e incluso para que algunos las consideren un refugio, de ahí la importancia de frenar la violencia escolar a través de la detección y atención adecuada.
Flores Adame agradeció el valiente testimonio de Ximena, Jean y María, participantes del Parlamento Infantil del 2022, quienes motivaron el origen de esta propuesta, al relatar su preocupación ante el incremento del acoso escolar.
“Los legisladores debemos escuchar y proponer, ser la voz de la ciudadanía, ser realmente la voz del pueblo. Gracias a esto las y los docentes michoacanos recibirán capacitación obligatoria para detectar y combatir la violencia escolar”.
Flores Adame apuntó que 18 millones 700 mil estudiantes en México han sido víctimas de violencia escolar, la cual se expresa a través de actos o agresiones verbales, físicas, psicológicas, sexuales o cibernéticas, y que pueden ser cometidos por uno o más estudiantes.
Finalmente, la diputada Samanta Flores destacó que con la aprobación de esta iniciativa se cumple el objetivo de convertir las escuelas públicas y privadas en lugares seguros, libres de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, entre estudiantes y profesores, además de salvaguardar el interés superior de los menores de edad y fomentar el respeto a los derechos humanos.