Gobiernos locales enfrentan el cambio climático con recursos limitados
Por Alejandro Castañeda
Morelia, Michoacán, 03 de octubre de 2026.- Los gobiernos estatales y municipales de México enfrentan de manera directa los efectos del cambio climático, pero cuentan con capacidades fiscales limitadas para financiar acciones de mitigación y adaptación, de acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México) y la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF).
El estudio “Hacia un sistema fiscal progresivo y verde. El potencial de los gobiernos subnacionales en la transición justa” plantea la necesidad de fortalecer las capacidades financieras de los gobiernos locales y desarrollar instrumentos de recaudación con perspectiva ambiental.
La propuesta busca que estados y municipios cuenten con mayores recursos para responder a los impactos climáticos sobre la población, la infraestructura, las actividades económicas y los ecosistemas, así como avanzar hacia una transición hacia una economía con menores emisiones de gases de efecto invernadero.
El diagnóstico advierte que México enfrenta simultáneamente problemas climáticos, fiscales y de desigualdad. Según datos citados en el análisis, el territorio mexicano registra un incremento de temperatura de alrededor de 1.9 grados Celsius respecto de la era preindustrial, por encima del aumento promedio global señalado en el documento.
Los costos de los fenómenos extremos también reflejan esta situación. Datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres indican que durante 2024 los fenómenos hidrometeorológicos provocaron 412 defunciones, más de 793 mil personas damnificadas y pérdidas estimadas en 12 mil 71 millones de pesos, además de daños en viviendas y hospitales.
A este escenario se suman los efectos sobre el mercado laboral. The Lancet Countdown estimó que las pérdidas laborales potenciales relacionadas con el calor alcanzaron en 2024 alrededor de 9 mil 930 millones de dólares, equivalentes a 0.5% del Producto Interno Bruto, con impactos particularmente importantes en los sectores agrícola y de la construcción.
El estudio señala además que 81.7% de los ingresos de los estados depende de transferencias federales, situación que limita su margen para diseñar y financiar políticas públicas acordes con las necesidades específicas de cada territorio.
Aunque 18 de las 32 entidades federativas cuentan actualmente con al menos un impuesto ecológico, WRI México y la AJF advierten que estos instrumentos enfrentan desafíos de diseño e implementación.
Entre las propuestas se encuentran fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la coordinación entre las autoridades hacendarias y ambientales, generar evidencia para diseñar instrumentos fiscales adecuados y promover mecanismos de transparencia que permitan explicar a la sociedad el destino de los recursos.
El planteamiento busca vincular la política fiscal y la acción climática, con el propósito de que los gobiernos subnacionales tengan mayores herramientas para enfrentar los efectos económicos, sociales y ambientales derivados del cambio climático.
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