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Inicia formalmente la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Michoacán

  • Foto del escritor: Laura Yépez
    Laura Yépez
  • hace 4 horas
  • 2 Min. de lectura
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Redacción


Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- Durante la sesión ordinaria del Órgano de Administración del Poder Judicial de Michoacán, realizada en la Presidencia del Palacio de Justicia “José María Morelos”, integrantes de la comisión multidisciplinaria encargada de implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares rindieron protesta, marcando así el inicio formal de sus trabajos.


Con esta acción, el Poder Judicial da un paso significativo hacia la transición e implementación de un marco jurídico de alcance nacional, que transformará de manera profunda los procedimientos civiles y familiares, en beneficio de una justicia más moderna, ágil y cercana a la ciudadanía.


La comisión está integrada por especialistas en distintas áreas del derecho y de la administración de justicia, quienes tendrán entre sus primeras tareas el diseño de una ruta de implementación técnica y operativa que garantice la aplicación oportuna y eficiente del nuevo Código en Michoacán.


El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa una de las reformas más importantes en materia judicial de los últimos años. Entre sus principales beneficios se encuentran la reducción en la duración de los juicios, la unificación de criterios procesales en todo el país, y la incorporación de un enfoque basado en los derechos humanos, con principios como la oralidad, la inmediación y la perspectiva de género.


Asimismo, refuerza la protección de grupos en situación de vulnerabilidad —como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y con discapacidad— e impulsa la modernización digital de la justicia, mediante el uso de tecnologías de la información que agilizan trámites, notificaciones y audiencias.


Con la instalación formal de esta comisión, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la eficiencia, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, en sintonía con los nuevos estándares nacionales de impartición de justicia.

 
 
 
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