Mujeres artesanas enfrentan precariedad laboral, bajos ingresos y despojo cultural
Por Alejandro Castañeda
Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026. – Pese a su contribución a la preservación del patrimonio cultural de México, miles de mujeres artesanas enfrentan condiciones de precariedad laboral, bajos ingresos, falta de seguridad social y dificultades para comercializar sus productos a precios justos.
De acuerdo con un reportaje publicado por Contralínea, las desigualdades que afectan a este sector se relacionan con la informalidad, la dependencia de intermediarios y la falta de reconocimiento de la artesanía como una actividad laboral que requiere protección y garantías de derechos.
Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y retomados en el reportaje, indican que el 96.6 por ciento de las mujeres ocupadas en la artesanía textil trabaja en condiciones de informalidad, frente al 83.6 por ciento de los hombres. Además, únicamente el 2.4 por ciento de las artesanas textiles tiene acceso a seguridad social, según el informe “Tejiendo el cambio: por un trabajo justo para las trabajadoras de la artesanía textil en México”, elaborado por UNIDAS: Red de Mujeres por el Trabajo Justo.
La desigualdad también se refleja en los ingresos. Según las cifras presentadas en la investigación, las mujeres artesanas perciben alrededor de 3 mil 700 pesos mensuales, mientras que los hombres obtienen cerca de 7 mil 400 pesos.
A estas condiciones se suma el tiempo que exige la elaboración de cada pieza. Una blusa bordada puede requerir entre ocho y diez días de trabajo, mientras que un traje de gala puede necesitar hasta 35 días. Sin embargo, las horas invertidas, los materiales y los costos de traslado no siempre se recuperan mediante el precio de venta.
Blanca Arely, artesana de Ocosingo, Chiapas, explicó a Contralínea que las prendas representan mucho más que mercancías: expresan la historia, las tradiciones y la identidad de su comunidad. También describió las dificultades para encontrar espacios de venta y la necesidad de aceptar precios bajos ante la falta de alternativas comerciales.
El especialista Brandon Fisher, integrante del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), advirtió que la artesanía suele considerarse una actividad complementaria, lo que invisibiliza su dimensión económica y laboral. Esta percepción puede ocultar incluso relaciones de subordinación y contratación encubierta sin reconocimiento formal de derechos.
Entre las propuestas planteadas en el informe destacan facilitar el acceso a la seguridad social mediante esquemas adaptados a los ingresos variables de las artesanas, fortalecer la venta directa, establecer mecanismos de comercialización justa y mejorar la inspección laboral.
El documento también plantea desarrollar políticas públicas con participación de las propias comunidades y reforzar las redes de cuidado y organización colectiva.
El desafío consiste en que el reconocimiento de la artesanía como patrimonio cultural se traduzca también en condiciones dignas para quienes la mantienen viva. Preservar los bordados y los conocimientos transmitidos entre generaciones exige garantizar que las mujeres que los producen reciban una remuneración justa y ejerzan plenamente sus derechos laborales.
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