Mujeres y personas migrantes: el talento que Michoacán no puede seguir desaprovechando

Por Alejandro Castañeda

Opinión

Existe una contradicción en el mercado laboral contemporáneo: mientras las empresas advierten sobre la futura escasez de trabajadores, millones de personas permanecen excluidas de empleos formales o enfrentan condiciones laborales precarias. Mujeres, personas migrantes y trabajadores de la economía informal representan una fuerza productiva cuyo potencial económico y social sigue desaprovechado. El problema no es necesariamente la falta de talento, sino las barreras que impiden reconocerlo y garantizarle condiciones dignas de trabajo.

Un análisis publicado por El Economista advierte que el envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad modificarán progresivamente la disponibilidad de mano de obra. Estimaciones de Indeed retomadas en esa publicación señalan que el 80 por ciento de la reducción prevista en la disponibilidad de talento hacia 2040 estará relacionada con estos cambios demográficos.

Sin embargo, la discusión no debería limitarse a cómo conseguir trabajadores para mantener la productividad empresarial. También tendría que preguntarse por qué amplios sectores de la población continúan enfrentando obstáculos para incorporarse al mercado laboral en condiciones de igualdad.

En México, la participación económica femenina se ubica considerablemente por debajo de la masculina: 45.7 frente a 74.8 por ciento, según las cifras citadas en el análisis. A ello se suma que alrededor de 55 de cada 100 personas ocupadas trabajan en la informalidad, sin acceso pleno a prestaciones y mecanismos de protección social.

En Michoacán, el panorama es todavía más preocupante. Durante el primer trimestre de 2026, la participación económica de las mujeres alcanzó 47.8 por ciento, frente a 76.3 por ciento de los hombres. La informalidad laboral llegó al 68 por ciento y afectó al 67.8 por ciento de las mujeres ocupadas, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

Estas cifras no son solamente indicadores económicos. Reflejan desigualdades que condicionan la autonomía de las mujeres, limitan sus posibilidades de desarrollo y las mantienen expuestas a la inestabilidad laboral. Detrás de muchas de ellas están las responsabilidades de cuidado no remuneradas, la discriminación por embarazo o maternidad, las diferencias salariales y la falta de oportunidades para acceder a puestos de mayor responsabilidad.

La situación de las personas migrantes plantea otro desafío. Michoacán tiene una larga historia de movilidad humana, tanto por la emigración hacia Estados Unidos como por el retorno de trabajadores y la llegada de personas de otras regiones. Sus conocimientos, experiencia y capacidades pueden contribuir al desarrollo económico, pero para ello necesitan condiciones de contratación justas, reconocimiento de sus derechos y protección frente a la explotación y la discriminación.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el trabajo no puede reducirse a una mercancía ni las personas a recursos disponibles para satisfacer las necesidades del mercado. El artículo 123 constitucional reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho de toda persona a condiciones laborales justas y favorables.

Por eso, la inclusión laboral no consiste simplemente en abrir procesos de contratación para grupos históricamente excluidos. Exige salarios suficientes, seguridad social, estabilidad, igualdad de oportunidades, libertad sindical y condiciones que permitan conciliar el trabajo con la vida familiar. También requiere políticas públicas de cuidados, capacitación y protección efectiva frente a la discriminación.

El desafío para Michoacán es particularmente importante: reducir la informalidad, fortalecer las pequeñas unidades económicas, ampliar las oportunidades de empleo formal y construir condiciones para que las mujeres y las personas migrantes puedan incorporarse al desarrollo sin renunciar a sus derechos.

La paradoja es evidente: se habla de escasez de trabajadores mientras millones de personas siguen sin encontrar oportunidades laborales dignas. Antes de buscar talento en otros mercados, habría que preguntarse cuánto talento permanece desaprovechado por las desigualdades del propio sistema.

El desarrollo económico no puede construirse sobre la precariedad de quienes trabajan. Una economía verdaderamente competitiva no es aquella que consigue mano de obra más barata, sino la que reconoce el valor de las personas, distribuye mejor las oportunidades y garantiza condiciones de trabajo compatibles con la dignidad humana.

La justicia laboral comienza cuando el empleo deja de ser una oportunidad para sobrevivir y se convierte en un derecho que permite vivir con dignidad.