Nueva Ley de Economía Circular, una oportunidad para impulsar empleos verdes y manejo sostenible de residuos

Por Alejandro Martínez Castañeda

El Senado de la República aprobó en días pasados el proyecto de decreto para expedir la Ley General de Economía Circular, una nueva norma que busca transformar el modelo de producción y consumo en México, con el objetivo de incrementar la vida útil de los productos y minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos.

La nueva ley reforma y adiciona disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y establece una concurrencia clara de atribuciones entre la Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México.

Entre sus principales innovaciones se encuentra la creación del Sistema Nacional de Economía Circular, encargado de coordinar a los tres órdenes de gobierno para cumplir los objetivos de este nuevo modelo económico, así como la obligación de elaborar un Programa Nacional de Economía Circular, de cumplimiento obligatorio, y una Norma Oficial Mexicana (NOM) en la materia.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la responsable de formular y conducir la política nacional, impulsar la reconversión productiva y promover mecanismos de circularidad ambiental, técnica y económicamente viables.

Para Michoacán, la entrada en vigor de esta ley representa una oportunidad estratégica. El estado enfrenta retos significativos en materia de manejo de residuos sólidos, contaminación de cuerpos de agua —como el lago de Pátzcuaro— y presión sobre sus recursos naturales debido a actividades agrícolas, forestales e industriales.

La economía circular podría impulsar nuevas cadenas productivas basadas en el reciclaje, la reutilización de materiales y la valorización de residuos agroindustriales, particularmente en regiones con alta producción de aguacate, berries, limón y madera. Esto abriría la puerta a empleos verdes, innovación local y reducción de costos para pequeños y medianos productores.

Asimismo, la ley reconoce el reciclaje inclusivo, dignificando la labor de las personas recicladoras de base o pepenadoras, un sector presente en municipios michoacanos que podría integrarse de manera formal a esquemas municipales y regionales de economía circular.

Al obligar a las legislaturas estatales a armonizar su marco jurídico, Michoacán deberá adecuar sus leyes ambientales y de residuos, lo que puede fortalecer la planeación estatal y municipal, mejorar la coordinación interinstitucional y atraer inversión sustentable.

Más allá de las leyes y los programas oficiales, la economía circular sólo puede funcionar si la sociedad se involucra de manera activa. Separar residuos, reducir el consumo innecesario, reutilizar productos y apoyar iniciativas locales no son acciones menores, sino decisiones cotidianas que tienen impacto directo en el entorno.

“Cuidar el medio ambiente no es responsabilidad exclusiva del gobierno o de las empresas; empieza en casa, en el mercado, en la escuela y en la comunidad”, coincide la visión de diversos colectivos ambientales. Si no cambiamos nuestros hábitos, ninguna ley será suficiente.

En Michoacán, donde la relación con la tierra, el agua y los recursos naturales forma parte de la vida diaria, la participación ciudadana puede marcar la diferencia entre una ley que se quede en el papel y una transformación real del modelo de desarrollo. La economía circular, más que una política pública, es una invitación a asumir el cuidado del territorio como una responsabilidad compartida.